Es enemigo todo aquel que no obedece . Esa nueva descripción del espíritu kirchnerista, que salió de la boca de un hombre que suele trasponer los portones de Olivos, explica muchas cosas que sucedieron en los últimos días. Una de ellas es que el Gobierno celebrará el Bicentenario sin reconocer que existe un vicepresidente de la Nación, en medio de un desaire al jefe del gobierno de la Capital y borrando de la historia a tres ex presidentes de la Nación. No es casual, de todos modos, que esos estrépitos de gallinero hayan tenido como víctimas a Julio Cobos y a Mauricio Macri, los dos presidenciables mejor ubicados en las encuestas de opinión pública. Es cierto que Macri cometió un serio e inoportuno error político cuando ninguneó a Kirchner, pero ni él ni la Presidenta tuvieron en cuenta el contexto histórico único en que les toca gobernar.
Sin embargo, en el primer lugar del ranking del rencor oficial está, contra otras apariencias, la Corte Suprema de Justicia. La última resolución del tribunal le arrebató a Cristina Kirchner la lapicera para seguir firmando decretos de necesidad y urgencia por cualquier cosa. Sólo en caso de catástrofes o de urgencias imprevistas estarían justificados, por razones de tiempo, esos decretos que evitan al Congreso. Aníbal Fernández hizo su propia interpretación: la excepcionalidad la establecerá la Presidenta. No leyó la resolución de la Corte o la malinterpretó con alevosía. En un país respetuoso, que no es éste, la jefa del Estado debió, luego de leer la sentencia de la Corte, derogar el decreto de necesidad y urgencia que estableció el feriado nacional de mañana.
El problema político anda por otro lado. Los intendentes del conurbano están negociando en secreto con Francisco de Narváez. Muchos gobernadores peronistas hablan más de Macri que de Néstor Kirchner. Ellos esperan, ansiosos, el momento oportuno para decir adiós. Eduardo Duhalde es el único peronista que creció un poco en la provincia de Buenos Aires. Una fórmula política y electoral que incluyera a Macri, a De Narváez y a Duhalde, que nadie descarta, sepultaría en el acto las ilusiones continuistas del kirchnerismo. El panradicalismo vacila entre Cobos y Ricardo Alfonsín; éste y Macri son los únicos dirigentes de la oposición no peronista que conservaron su lugar en la cima de las encuestas en las últimas semanas.
La algarabía kirchnerista por las encuestas se respalda en cifras módicas. Es cierto que los Kirchner y su gobierno subieron un poco en la consideración pública. Pasaron del 20 por ciento de aceptación al 30 por ciento, en cifras redondas, en los últimos tres meses. El último respingo fue más ligero que los anteriores, apenas un 2 por ciento. Ningún líder de ningún gobierno del mundo estaría contento con ese raquitismo político. Aquí, convirtieron esas pobres mediciones en garantías de la continuidad de los Kirchner. Es comprensible: todo gobernante lucha por retener la mayor cuota posible de poder hasta el final de sus días. Y la probabilidad de la permanencia construye siempre las formas de un poder, aunque sea sólo alegórico.
Sea como sea, los Kirchner siguen mal, o muy mal, en el interior rural del país, donde no se olvidó ni el combate de 2008 ni los castigos posteriores que recibieron los productores rurales por aquella derrota del kirchnerismo. El matrimonio que gobierna nunca pudo suscribir, por otro lado, un contrato mínimo de adhesión con la mayoría social de los centros urbanos del país.
Cristina Kirchner ganó en 2007 ayudada por el entonces pujante ruralismo, pero ella lo desafió poco después de llegar a la presidencia a una conflagración que no cesó aún. Nadie gana el poder en la Argentina repudiado por los centros urbanos y por los productores rurales al mismo tiempo. Todo lo que se dijo en tiempos recientes sobre el crecimiento kirchnerista fueron sólo palabras cargadas de abalorios. Tal como están las cosas hoy, los Kirchner se irán del poder en diciembre de 2011. Eso es lo que indican la política y la encuestología.
Macri podría sacar provecho, además, de la atracción kirchnerista por convertir en héroes a sus competidores. La Presidenta encontró en una errónea declaración de hartazgo del líder capitalino el argumento para no asistir a la reapertura del mítico Teatro Colón. El gobierno nacional había pedido 1300 entradas (la mitad del total), pero Macri se las negó. El Gobierno tenía miedo de que un público macrista maltratara a la jefa del Estado. Eludió la supuesta encerrona con aquel pretexto sobre las referencias públicas de Macri sobre Néstor Kirchner. Los Kirchner van sólo a los actos seguros, organizados por ellos.
A pesar de todo, es la Justicia la que podría hacer de Macri un mártir del antikirchnerismo. El procesamiento judicial de Macri es una obra inconsistente del juez Oyarbide, según la opinión de los fiscales más importantes del país (algunos cercanos al Gobierno), que leyeron sus argumentos. No se puede procesar a una persona porque vive dentro de una celda de Nextel donde habitan miles de porteños, dijo uno de ellos. El fiscal de la causa, Jorge Di Lello, desapareció de la investigación antes del procesamiento; su firma no figura en ningún pedido contra Macri.
Oyarbide le reclamó a Macri el número de sus teléfonos sólo después de haberlo procesado. ¿Por qué no lo hizo antes? Nunca le requisó los archivos de la cámara de filmación que el líder de Pro tenía en la puerta de su casa de entonces para saber si Ciro James entró alguna vez a ese domicilio. Las escuchas telefónicas al cuñado de Macri son anteriores a la creación de la Policía Metropolitana, y su padre ratificó ante Oyarbide, mediante un escrito formal, su responsabilidad personal en aquella intervención.
El juez sobreactúa y los argumentos parecen sobredimensionados. Oyarbide detectó 400 llamadas telefónicas de Ciro James desde la zona donde vivía Macri y el juez las vinculó directamente a éste. En tal caso, James no era entonces sólo un espía de Macri, sino un amigo personal que se sentaba en el living de su casa para hablar por teléfono con medio mundo. La Cámara Federal debería poner las cosas en su lugar cuanto antes, pero uno solo de sus jueces, Eduardo Freiler, es justificadamente confiable.
Las últimas mediciones creíbles de opinión pública señalan que el procesamiento no perjudicó ni benefició a Macri. Cobos está pagando en las encuestas el precio de todos los políticos que trabajan en el Congreso; el Gobierno consiguió que la sociedad termine desilusionada de su Parlamento. Con todo, el peor problema de Cobos no son los Kirchner, sino Ricardo Alfonsín. La inmodificable buena imagen de Alfonsín sólo muestra los rasgos de una sociedad ya fatigada de la trifulca perpetua.
El próximo 6 de junio, Cobos y Alfonsín se medirán cuerpo a cuerpo, en elecciones internas, en la decisiva provincia de Buenos Aires. Cobos respalda una alianza de la vieja estructura partidaria (Leopoldo Moreau, Federico Storani y, en menor medida, Enrique Nosiglia), mientras Alfonsín decidió enfrentarla proclamando la necesidad de la renovación del radicalismo. Extraña situación la de Alfonsín: en nombre de las banderas de su padre, se propone batir a una generación que nació, creció y perduró bajo la sombra de su padre. El resultado bonaerense podría volcar al radicalismo hacia Cobos o hacia Alfonsín.
Esos son los riesgos reales de los Kirchner. En lugar de resolverlos con la política, han decidido enfrentarlos con el miedo y la fractura. Los pueblos indígenas son una minoría (sólo el 1,5 por ciento de la población argentina es auténticamente indígena) que merece el respeto de sus derechos y de su historia. El Gobierno usó, en cambio, a la dura Milagro Sala (desautorizada hasta por las auténticas comunidades indígenas) para cavar en grietas sociales inexistentes entre "indios" y "gringos". El miedo es el último recurso autoritario de los que han perdido casi todo.
