Lunes 28 de marzo de 2011 | Publicado en edición impresa
La Argentina camina derecho hacia el autoritarismo, perversión
política de la que creyó haber salido para siempre hace casi 28 años.
El bloqueo total al diario Clarín, que ayer no pudo acceder a sus
lectores, y el bloqueo parcial a LA NACION, que vio seriamente
demorada la distribución de sus diarios, quedarán registrados dentro
de la madrugada más regresiva de la nueva democracia argentina.
Constituyen, al mismo tiempo, un gravísimo precedente, porque quedó
demostrado que un pequeño grupo de personas violentas y vandálicas,
protegidas por un Estado autoritario, puede quebrar la natural y
cotidiana relación entre los diarios y sus lectores. ¿Cuándo será el
próximo bloqueo? ¿Cuánto tiempo durará en un país donde la policía es
sólo un testigo privilegiado, inmóvil e impotente, de las peores
violaciones de las leyes?
La culpa más grande no es de los que ejecutaron la depredación en la
larga noche del sábado. Si sólo hubieran sido ellos, la solución no
habría tardado en llegar más que unos pocos minutos. Desde enero
último, existe una resolución del juez Gastón Polo Olivera, que
dispuso que la circulación de medios gráficos no debe ser interrumpida
jamás por una manifestación. Esa orden debió ser cumplida de inmediato
por la policía, que es el brazo ejecutor de la Justicia, pero la
policía se encuentra bajo la virtual intervención de la ministra de
Seguridad, Nilda Garré. Garré tiene una historia de absoluta
disciplina a sus jefes políticos; esa permanente sumisión implica que
debió consultar la actitud de la policía con Cristina Kirchner. Lo que
sucedió anteanoche fue la más grave agresión contra el periodismo
libre desde 1983, dispuesta por la cima de un poder político sin
medidas ni límites.
Ya se ha hecho habitual, de todos modos, que el gobierno kirchnerista
no cumpla con las órdenes de la Justicia, cuando esas órdenes
incomodan sus planes políticos o sus intereses personales. Desde la
negativa a cumplir la orden de la Corte Suprema de Justicia, que lleva
más de una década, para reincorporar al fiscal Eduardo Sosa en Santa
Cruz, hasta la reciente desobediencia de la Policía Federal a una
orden del juez federal Luis Armella, que mandó desalojar la ocupación
ilegal de viviendas en Villa Soldati, el gobierno kirchnerista
convierte los recursos institucionales y las fuerzas policiales en
instrumentos para combatir de hecho a la Justicia. ¿Qué queda de la
Justica cuando sus decisiones resultan escritas en el agua?
La policía fue advertida en la noche del sábado por LA NACION y Clarín
de que sus talleres, vecinos en el barrio de Barracas, podrían ser
víctimas de bloqueos. Un cable de la agencia oficial Télam,
propagadora del "periodismo militante" del poder, se anticipó a la
policía y a los propios manifestantes. Dio por hecho un bloqueo que
todavía no había comenzado. El caso laboral del diario Clarín se
encontraba resuelto y cerrado; la empresa había decidido en febrero la
reincorporación del personal despedido. ¿Se necesitan más pruebas de
la complicidad de las máximas instancias del Gobierno con el salvaje
asalto a los diarios?
La policía, mientras tanto, se entretuvo en las inmediaciones sin
hacer nada y se limitó a responder que se trataba de "una
manifestación, no de un bloqueo". El silogismo es memorable por su
impostura, porque la manifestación concluía irremediablemente en
bloqueo, como sucedió. Las fuerzas de choque tienen al final más poder
que la policía, que es lo mismo que decir que la ilegalidad se ha
puesto por encima del orden constitucional. Las fuerzas policiales
sólo actúan cuando la ilegalidad es opositora al Gobierno. Se trata de
la cancelación tan lamentable como creciente del Estado de derecho.
No se trató, tampoco, de un relámpago en cielo limpio. El contexto
indicaba que en algún momento el oficialismo acometería el asalto
definitivo sobre los dos principales diarios argentinos. En el
reciente aniversario del último golpe militar, el jueves 24 de marzo,
las organizaciones sociales paraoficiales dedicaron poco tiempo a
recordar ese hecho luctuoso de la historia y a repudiar sus criminales
consecuencias. Su ocuparon, más que nada, del señalamiento del
periodismo "enemigo" del Gobierno; precisaron los nombres de
periodistas y de medios periodísticos, entre los que figuraban de
manera sobresaliente LA NACION y Clarín. La noche del sábado fue la
quinta vez que se intentó bloquear la salida de los diarios, aunque
nunca antes se había llegado tan lejos.
Una semana antes, el dirigente del sindicato camionero Raúl Altamirano
había amenazado directamente al periodismo libre por revelar
información que afectaba a su líder Hugo Moyano. En el bloque de
anteanoche estuvieron piqueteros con la clara identificación del
sindicato de Moyano, que no es víctima de persecución política ni
personal, sino de pesquisas judiciales, algunas de las cuales se
llevan a cabo en Suiza por la existencia de cuentas bancarias con
dinero supuestamente suyo.
Mañana, estará en Buenos Aires Hugo Chávez para, entre otras cosas,
recibir el Premio a la Comunicación Rodolfo Walsh de la Facultad de
Periodismo de La Plata. No es una parodia, sino una noticia. El
oficialismo, que estuvo tentado de censurar a Vargas Llosa como
principal orador en la Feria del Libro, decidió premiar a Chávez por
su contribución al "periodismo militante". Chávez es el maestro que
divulga en América latina la escuela de la agresión violenta y
perpetua al periodismo independiente, que no se deja vencer por los
favores del poder político y que resiste la intimidación y la
calumnia. Cristina Kirchner se convirtió, por derecho propio, en su
mejor alumna.
La noción de la libertad parece vacilar, pero su defensa ya no puede
ser, a estas alturas, sólo responsabilidad de los periodistas. ¿Qué
hará la sociedad, que fue privada de acceder a la información del
medio periodístico que ella eligió? ¿Se conmoverá sólo por un día,
para pasar mañana a preocuparse por cuestiones menos trascendentes?
¿Qué hará cuando no sólo un diario, Clarín, perdió millones de pesos
en un día, sino que los canillitas también se quedaron sin una parte
importante de sus ingresos?
Un párrafo aparte merece la oposición. La lucha por la libertad es más
importante que la competencia electoral para comicios que se
celebrarán sólo dentro de siete meses. La responsabilidad suya no es
sólo defender del acoso a los medios periodísticos y a los
periodistas, sino también a los ciudadanos que fueron privados de
acceder a la información que necesitan para tomar decisiones
colectivas. No será suficiente la mera declamación de discursos
conocidos y repetidos cada vez que una nueva escalada encoge los
espacios de las libertades esenciales. Debería hacer algo más en
conjunto, trazar un límite donde los límites ya no existen. Hasta
ahora, el ombliguismo opositor y el autoritarismo oficialista están
dejando al país sin el indispensable oxígeno de la libertad.
