El último combate del kirchnerismo, esta vez contra la Corte Suprema de Justicia, elevó aún más la temperatura de una ya insoportable crisis institucional. Ese conflicto no está solo. El Congreso padece una parálisis por la obstrucción del Senado. La guerra del oficialismo contra los medios periodísticos independientes se ha convertido en una analogía casi exacta de la batalla contra el campo de 2008. Todo vale. Congreso, Justicia y prensa son los pilares esenciales del sistema político de los argentinos. Cristina Kirchner es una presidenta democrática por elección, pero está cada vez más expuesta a la necesidad de demostrar si finalmente lo es en el ejercicio del poder.
Dos resoluciones de la Corte están siendo ninguneadas por el Gobierno. Una se refiere al antiquísimo caso del ex procurador de Santa Cruz, Eduardo Sosa. La otra es la reciente autorización que dio el tribunal para extraditar al ex guerrillero chileno Galvarino Apablaza, acusado en su país de un crimen y un secuestro. Durante cuatro años, la Cancillería ni siquiera le respondió a la Corte si Apablaza tenía estatus de refugiado político.
Cansado de esperar en vano, el tribunal decidió actuar sin la asistencia del Gobierno. Ahora, la Cancillería podría otorgarle ese estatus al ex guerrillero o también podría no hacer nada. La ley le otorga a la Cancillería la última palabra en materia de extradiciones. El problema es que cualquier cosa que haga ahora en beneficio de Apablaza será en contra de la opinión de los jueces supremos del país. El caso, además, ha tensado otra vez, inútilmente, la relación estratégica con Chile.
En el caso de Santa Cruz, hay una resolución de la Corte que el kirchnerismo no cumple desde hace 12 años. El quinto fallo del máximo tribunal sobre el ex procurador Sosa, cesanteado inconstitucionalmente por Néstor Kirchner en 1995, no es ahora un conflicto entre el Poder Judicial y el gobernador santacruceño, Daniel Peralta. Digan lo que digan, es una colisión directa entre la Corte y Poder Ejecutivo Nacional. Desde la casona de Olivos surgió una orden hacia Peralta, de acatamiento perentorio: no debe cumplir con la resolución de los máximos jueces. ¿En qué país se convertiría la Argentina si el cumplimiento de las decisiones de la Corte Suprema quedara sometido al antojo de los afectados?
En rigor, ése es el punto nodal de la decisión del tribunal. Ni siquiera opinó en sus últimas decisiones si la destitución de Sosa fue buena o mala. Simplemente, hay una decisión de la anterior Corte Suprema que no se cumplió nunca. El precedente, de mantenerse en el tiempo, sería desdichado para el principio republicano de la división de poderes. El precedente de una Corte en condiciones de ponerles límites infranqueables a los caprichos del matrimonio gobernante es, por su parte, lo que éste no puede admitir. LA NACION se encamina, así, a una crisis institucional permanente hasta las elecciones presidenciales del año próximo.
En octubre del año pasado, la Corte le ordenó al gobierno de Santa Cruz que repusiera a Sosa en el cargo equivalente al que ocupaba cuando fue despedido. El cargo que tenía Sosa en 1995 ya no existe, después de la reforma de la Constitución provincial en la que Kirchner introdujo la reelección indefinida del gobernador. La primera orden de la Corte, que el entonces gobernador Kirchner no cumplió, es de 1998. Hubo tres resoluciones más del tribunal. No le hizo caso a ninguna.
En ese largo camino, hubo varias mediaciones de jueces del máximo tribunal para intentar una solución pacífica del conflicto. Una de ellas fue ofrecerle a Sosa una importante indemnización, pero el ex procurador no la aceptó. Sosa es un hombre tan duro como Kirchner; sospecha que el ex presidente lo relevó como fiscal porque él hurgaría en las decisiones del gobernador. No se equivocó: Kirchner detesta a los fiscales entrometidos.
Después de la decisión de octubre del año pasado, cuando la Corte directamente ordenó su reposición, el gobernador Peralta envió un proyecto a la Legislatura de Santa Cruz, en el que desdoblaba las funciones de procurador, presuntamente para devolverle una fiscalía a Sosa. Sorpresa. La unicameral Legislatura provincial se sublevó contra el kirchnerismo, por primera vez desde que el kirchnerismo existe, y nunca trató ese proyecto. En mi provincia se respeta la división de poderes , informó Peralta a los jueces supremos. Nos están tomando el pelo , estalló uno de esos jueces.
¿Qué hacer, entonces? El juez Carlos Fayt propuso que la Corte denunciara penalmente al gobierno santacruceño. El juez Eugenio Zaffaroni, mucho más sensible a las necesidades políticas del kirchnerismo, opinó que el caso debía terminar (y, tal vez, morir) en el Poder Legislativo. En la reunión siguiente de la Corte, el juez Juan Carlos Maqueda sacó de su bolsillo lo que había escrito: la Corte podía reclamar varias medidas para hacer cumplir sus decisiones, entre ellas una intervención federal ordenada por el Poder Legislativo.
Zaffaroni se mostró en desacuerdo con el tono del alegato, pero el presidente del cuerpo, Ricardo Lorenzetti, que tiene más cintura política de la habitual en un juez, le entregó a Zaffaroni el borrador de Maqueda para que lo corrigiera en la misma reunión. Los jueces supremos pueden discrepar, pero nunca pierden las buenas formas. Zaffaroni, delante de Maqueda y del resto de los jueces, se limitó a corregir algunas palabras sueltas. La decisión estaba tomada. La resolución fue una síntesis de las propuestas de Fayt y de Maqueda: denuncia penal y traslado del caso al Congreso.
El kirchnerismo se escudó en el acto en la supuesta incompetencia de la Corte Suprema, porque estaría resolviendo un asunto de derecho público provincial. El viejo cargo de Sosa había pasado por reformas constitucionales y por leyes provinciales posteriores a su cesantía. La Corte Suprema entendió otra cosa: se trata de un derecho individual adquirido (el cargo de Sosa era inamovible), que está protegido por la Constitución Nacional. Y el intérprete último de la Constitución Nacional es, precisamente, la Corte Suprema.
El caso llegó al Congreso y la oposición no tiene aún una posición unánime. Existen dos proyectos. Uno, de Margarita Stolbizer, que propone la intervención lisa y llana de Santa Cruz. El otro es del radicalismo y propicia una intervención acotada, sin desplazamiento de ninguna autoridad local, al solo efecto de reponer a Sosa en sus funciones. La intervención finalizaría con esa sola misión. Según jueces de la Corte, el proyecto del radicalismo es el que mejor expresa el espíritu de la resolución del máximo tribunal.
Sin embargo, el peronismo disidente y Pro hicieron saber que tienen reparos constitucionales sobre el proyecto radical. Elisa Carrió prefirió evitar un agravamiento de la crisis institucional para no hacerles el juego a los Kirchner. Están creando una crisis innecesaria mientras el conurbano se desangra , tronó. Carrió preferiría que el Congreso le traslade el entuerto a los órganos constitucionales de Santa Cruz. El Senado es otro cantar: La construcción de cada mayoría es un parto demasiado largo , aceptó un senador opositor. ¿Cómo se cumplirá la orden de la Corte? Silencio. Las respuestas no están.
En ese contexto, el martes próximo, el abogado mendocino Daniel Eduardo Ostropolsky podría ganar las elecciones de los abogados del interior para el Consejo de la Magistratura. Es el candidato más claramente antikirchnerista. El eventual triunfo de Ostropolsky significaría el adiós del kirchnerismo al control del crucial Consejo que controla nombramientos, ascensos y castigos de los jueces. La respuesta oficial tendrá la dureza de la adversidad kirchnerista.
Por eso, el boceto de cualquier futuro trasluce que no cesará la crisis institucional en la que chapotea un país desbordado, sin medidas.
