Un nuevo conflicto de poderes, en puerta Por Joaquín Morales Solá

La Nacion
Amado Boudou fue esta vez el emisario brutal del kirchnerismo para maltratar a los jueces; en febrero pasado, esa tarea la había asumido, personalmente, Cristina Kirchner. No es bueno que el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, deba salir a replicar los desvaríos de funcionarios arrogantes y provocadores. No le quedó, sin embargo, otra alternativa. Lorenzetti cumplió con elegancia su asidua misión en este mundo: decirle al Gobierno que hay cosas que no puede hacer. La tensión entre los Kirchner y la Justicia es ya una fractura expuesta.
La furia oficial se entiende mejor cuando se entreabren las puertas del probable futuro. El Gobierno sabe que en la Corte se cocinan malas novedades para las obsesiones de los Kirchner. Ya existen seis votos, de los siete que hay en total, para resolver que el máximo tribunal no levantará una medida cautelar que protegió los intereses de Clarín . Un juez de primera instancia dispuso en su momento una medida de no innovar en la aplicación del artículo 161 de la ley de medios audiovisuales. Una cámara confirmó esa decisión.
El gobierno apeló ante la Corte, pero ésta se aferrará a un antiguo precedente: ese cuerpo sólo debe revisar sentencias firmes y no medidas cautelares. Rechazará, por lo tanto, la apelación del Ejecutivo. La decisión se tomaría formalmente en los próximos días. El expediente volverá al juez de primera instancia para que resuelva sobre el fondo de la cuestión; mientras tanto, estará vigente la decisión de no innovar.
El artículo 161 es el que ordena la desinversión de los actuales dueños de los medios audiovisuales en el corto plazo de un año. La presentación la hizo Clarín, y pidió que se declarara inconstitucional ese artículo porque afecta los derechos adquiridos y la seguridad jurídica. La suspensión judicial de la aplicación de ese artículo es clave para la intención política de los gobernantes. Los plazos son demasiado ajustados y, con el ritmo actual, se extenderán más allá del período de gobierno que aún les queda a los Kirchner. ¿Para qué les serviría, entonces, si otro gobierno podría cambiar esa ley?
La decisión de la Corte será avalada por los jueces Lorenzetti, Carmen Argibay, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Enrique Petracchi; este último fue, en verdad, uno de los primeros en decidir su voto en rechazo de la apelación del Ejecutivo. Petracchi le profesa un viejo respeto al lugar que debe ocupar la Justicia en una república. Sólo votó a favor de la petición del Gobierno el juez Eugenio Zaffaroni. En los tribunales hay quienes han escuchado a Zaffaroni expresar en reuniones de muchos su inconmovible adhesión al pensamiento oficial sobre los medios de comunicación.
El kirchnerismo respondió con un decreto reglamentario de la ley y del artículo suspendidos por la Justicia. Otras medidas cautelares se tomaron en otras instancias de la Justicia, pero aún no llegaron al máximo tribunal. En rigor, y como todos los casos resueltos por los jueces, éste también tendrá vigencia real sólo para el que promovió la demanda; es decir, Clarín , el enemigo personal para los Kirchner. Sin embargo, cierta prudencia institucional debería impedir al Gobierno legislar sobre una ley que, total o parcialmente, se encuentra suspendida en distintas instancias judiciales.
El Gobierno prefirió, en cambio, presionar sobre los límites institucionales y, encima, mandó a Boudou a destratar a la Justicia. Boudou no leyó nunca un manual de derecho, pero conoce a la perfección el breviario del oficialismo: no sólo deben acatarse las órdenes que vienen de la cima, sino que también deben imitarse las formas más intolerantes de los líderes de la administración.
La Corte es inasible para un poder que quiere sujetar todo. En medio de la enorme crisis que la administración provocó en enero pasado por el uso de las reservas y la cesantía prematura de Martín Redrado, la Presidenta intentó presionar, a veces de manera directa y prepotente, al juez Maqueda, que estaba a cargo del máximo tribunal en medio de la feria del verano. Quería que le ordenara a una jueza de primera instancia que cambiara su decisión. Dicen que Maqueda escuchó, rebatió y resistió con argumentos jurídicos.
El segundo turno de enero estuvo bajo la responsabilidad de Argibay. La crisis continuaba, pero nadie llamó al despacho de la jueza. ¿Por qué? El Gobierno sabía, según confesaron en la propia cresta del poder, que era posible que la inflexible Argibay no atendiera las llamadas telefónicas. Pero si las hubiera atendido, había sólo dos posibilidades ante una presión indebida: que la jueza cortara la comunicación en medio de la conversación o que luego convocara a los periodistas para denunciar públicamente la presión. Hay quienes suponen que las primeras e intensas presiones presidenciales sobre Maqueda intentaron eludir el posterior turno de Argibay. A principios de febrero, la Presidenta dijo que le sonaba a "censura" una invocación a la "mesura" que había hecho públicamente la Corte Suprema.
Un dato clave sucedió en los últimos días que podría haber cambiado el ecosistema de la Justicia: fue el triunfo de Alejandro Fargosi como representante de los abogados porteños en el Consejo de la Magistratura. Fargosi fue el candidato de la oposición al kirchnerismo. Otros nuevos consejeros que se elegirán (representantes de los magistrados y de los abogados del interior) también expresan ideas antikirchneristas. No hay kirchneristas disputando esos cargos. No importa ya que cambie la composición numérica del Consejo; cambiará la composición humana y política , aseguró un conocido magistrado. Los jueces han tomado nota.
La Justicia no es, con todo, un ícono del coraje; sólo sucede que los métodos y las decisiones de Guillermo Moreno no pueden pasar siquiera por el filtro de un alguacil de tribunales. Un juez y una cámara comercial derrumbaron sus decisiones sobre Papel Prensa con duras y admonitorias resoluciones.
El frívolo escándalo por Papel Prensa llevó al primer plano, otra vez, a la organización Montoneros y sus peores prácticas. Esa guerrilla peronista venía protegida por un silencio de casi 20 años y, en los últimos tiempos, por una inmerecida entronización al panteón de los héroes. Sólo el gobierno de Raúl Alfonsín impugnó duramente a las organizaciones subversivas de los años 70, incluida Montoneros. Por razones políticas, humanas o electorales, durante el gobierno de Menem se inició el período del silencio. Kirchner convirtió aquel silencio en heroísmo.
La vieja conducción de Montoneros está ahora muy crítica de los últimos estropicios kirchneristas. Hay una prueba irrefutable: Roberto Perdía, quien fue segundo en la línea de mando de Montoneros después de Firmenich, se manifestó públicamente contra Kirchner y sus empellones a la prensa. La reaparición de Montoneros se dio, además, en su peor faceta: la voracidad por el dinero fácil y la interminable codicia de sus principales dirigentes.
Un ex colaborador de los Graiver, que padeció con ellos el secuestro y la tortura de los militares, recordó que David Graiver les pagaba 130.000 dólares mensuales a los representantes montoneros Raúl Magario, Juan Gasparini y Graciela Daleo, supuestamente como intereses del dinero que la organización guerrillera le había entregado al banquero. Gasparini y Daleo sufrieron luego el cautiverio en la ESMA.
Aquel testigo contó que otros empresarios le pagaban hasta 200.000 dólares mensuales a Montoneros como un seguro de protección contra eventuales secuestros de ese mismo grupo guerrillero. Una vieja práctica de la mafia. El ex colaborador de los Graiver consideró probable que David Graiver decidiera administrar recursos financieros de la guerrilla.
Gasparini y Rodolfo Galimberti, otro conocido jefe guerrillero, aparecieron ante los Graiver, muchos años después, cuando la familia perseguida estaba cobrando la enorme indemnización que le dio Alfonsín. No había guerrilla ya, pero presionaron hasta que los Graiver debieron hacer un arreglo con el empresario Juan Born para entregarle 16 millones de dólares. Born fue secuestrado por los montoneros y liberado después de un rescate de 60 millones de dólares. Las negociaciones por la devolución de parte de ese rescate se hicieron en Brasil, cuenta aquel testigo inmejorable. Galimberti murió siendo un buen amigo de su otrora secuestrado Born.
La luz sobre esa parte oculta del pasado es, al fin y al cabo, una contribución involuntaria que está haciendo a la historia el cegador odio de los Kirchner.