Dos nuevos delitos están falsificando nuestra democracia. Son la estafa y la extorsión . No son enteramente nuevos porque, en cuanto delitos "económicos", ya están castigados por el Código Penal con penas que llegan hasta los seis años de prisión en el caso de la estafa y hasta los quince años de prisión en el caso de la extorsión. La palabra "estafa" está ligada, curiosamente, al italiano staffa , "estribo", y alude a que su víctima "pierde los estribos" de su monta, de su vida, a causa del engaño al que la induce el estafador, en tanto la palabra "extorsión" se vincula con el latín torquere , que significa "torcer", porque el extorsionador "tuerce" la voluntad de su víctima mediante amenazas.
La estafa y la extorsión son delitos que nos han acompañado desde antiguo. Lo que es nuevo es la inquietante difusión que están logrando entre nosotros, pero ya no en el campo económico sino en el campo político , mediante comportamientos inaceptables que se expresan cuando los candidatos, no bien elegidos, mudan súbitamente de partido, estafando de este modo a los ciudadanos que los habían votado por las razones opuestas, y cuando Kirchner, desde el poder, tuerce la voluntad de estos candidatos para reubicarlos en una posición contraria a la que tenían hasta el momento de la extorsión. Si el Código Penal ya hubiera tipificado estos comportamientos como delitos políticos, el hombre más poderoso de la Argentina y sus cómplices enfrentarían hoy penas de prisión porque, si la escala de los castigos que contempla nuestra legislación se agrava según sea la importancia del bien que ella quiere proteger, nada hay más odioso en una democracia que burlar voluntad del pueblo.
Los múltiples casos de estafas y extorsiones políticas que hoy abruman a nuestra democracia han sido severamente condenados por los ciudadanos y por los partidos afectados, pero el castigo de estos dos tipos de delitos políticos, ¿debiera limitarse meramente a "condenas morales"? ¿Hay delito más grave, acaso, que burlar la voluntad del pueblo, que es el fundamento mismo de la democracia? ¿Es demasiado pedir entonces que el próximo Congreso decida poner entre rejas mediante una ley a los próximos estafadores y extorsionadores políticos, para que no envenenen a nuestra democracia?
¿Transgresor o precursor?
El caso emblemático de la estafa política de estos años fue, sin duda, el del diputado Eduardo Lorenzo Borocotó, quien en 2007 mudó de golpe del Pro al oficialismo, junto al cual ha seguido votando desde entonces hasta nuestros días. La traición fulminante de Borocotó a sus votantes provocó tal escándalo, recibió tal repudio social, que destruyó su credibilidad, y de ahí pudo pensarse que el entuerto que protagonizó podía ser considerado insólito, excepcional, en nuestro escenario político, pero en 2009 su conducta se ha replicado tantas veces que hoy podríamos preguntarnos si Borocotó fue, en definitiva, un solitario transgresor o un verdadero precursor , porque ahora ha pasado a encabezar la larga lista de sus imitadores.
Si recorriéramos esta larga lista a partir de la "borocotización" inicial hasta llegar a su más reciente manifestación, el caso de Ricardo Colombi, quien, no bien elegido gobernador por el pueblo correntino (precisamente porque se oponía al kirchnerismo de su primo y antecesor Arturo Colombi), se pasó con armas y bagajes al oficialismo después de una reunión de 40 minutos con Kirchner en la quinta de Olivos, sería lamentablemente "ejemplar" porque, si bien desconocemos si en el caso de Borocotó medió una "extorsión" previa a su estafa, sabemos que en el caso de Colombi la pareja de conceptos "extorsión-estafa" brilló, unida, a la vista de todos.
Recuérdense los detalles de este último entuerto. Colombi venía de ganar ampliamente la gobernación de Corrientes como candidato opositor al kirchnerismo. No bien triunfó, sin embargo, se encontró con que el gobierno nacional le cortaba las comunicaciones y los "víveres" financieros que él reclamaba de la "caja K", en tanto no concurriera a Olivos a rendirse abiertamente ante el hombre que ejerce el poder nacional, una condición que Colombi cumplió hasta con exceso cuando, después de la reunión con Kirchner, anunció que apoyaba la candidatura del ex presidente para las elecciones de 2011. Fue sólo a partir de esta "rendición condicional" que al flamante gobernador se le abrieron al mismo tiempo las comunicaciones y la "caja" del gobierno nacional. Pero esto no se hizo en secreto, sigilosamente. Al contrario: Kircher y Colombi se sacaron la foto que así lo certificaba y que divulgaron ampliamente los medios esta semana. ¿Quería entonces Kirchner anunciar, mediante la pública humillación y defección de su otrora opositor, que éste será el camino que también deberán hollar todos aquellos que se hayan atrevido a criticarlo si no quieren ser castigados? "Castigo o sumisión", ¿es éste el particular "Código Penal" que, en lugar del castigo a la extorsión y la estafa política por ahora ausente, ha resuelto divulgar el hombre más poderoso de la Argentina pese a ser al mismo tiempo aquel al que vienen de rechazar tres de cada cuatro argentinos?
VariacionesQuizá sería injusto incluir sin distinciones en la lista de las estafas al pueblo la larga nómina de las candidaturas llamadas "testimoniales" de todos aquellos que acompañaron a Kirchner en las recientes elecciones para después anunciar que no asumirían sus bancas, porque en algunos casos el "castigo" financiero del "hombre fuerte" contra los distritos que ellos administraban hubiera acarreado graves penurias a sus propios representados. Al menos seis gobernadores y diecisiete intendentes bonaerenses conllevan, en este sentido, culpas diversas. También parecería injusto poner a la cabeza de esta nómina a determinados candidatos "testimoniales" nada más que porque son más conocidos. Otros podrían pensar, a la inversa, que justamente por ser más conocidos, su responsabilidad era mayor. Habría que incluir el caso de otros políticos que viraron de posición al margen de las candidaturas testimoniales, como la senadora otrora "reutemannista" Roxana Latorre y el senador catamarqueño Ramón Saadi, o la dirigente rural que se pasó al Gobierno, María del Carmen Alarcón. Merecerían una mención especial, en fin, los ex peronistas disidentes Julio Ledesma y Patricia Gardella, a quienes Francisco de Narváez echó de su bloque por "traidores", y otras figuras más conocidas como Nacha Guevara, decididamente "testimonial", aparte de Paola Spatola, Eduardo Macaluse y otros.
Hay casos especiales como los de Daniel Scioli y Sergio Massa. El primero, porque se supone que la "extorsión" sobre su provincia debe exceder a casi todas y el segundo, porque, al alejarse de la Jefatura de Gabinete para volver a Tigre, podría estar girando. Estaría mal, en cualquier caso, juzgar como irrecuperables a todos los políticos atrapados en la red kirchnerista. Salvo aquellos que no quieran recuperarse, "todos" son recuperables. La ciudadanía, ¿no ha consagrado acaso a Julio Cobos como "el gran recuperado"? En un país que padeció la tragedia de los años setenta, cuando de un lado y del otro se consideró al otro "irrecuperable", debería quedar abierta, para todos aquellos que se animen a extenderla, la mano de la reconciliación. De ahí que la necesaria penalización de las estafas y las extorsiones políticas debiera plantearse de hoy en más sólo a los recalcitrantes que, aun después de advertidos, insistan en su extraviada conducta.
