Domingo 27 de marzo de 2011 | La Nacion
CARLOS Menem, Hugo Moyano y Ramón Saadi compiten por el rating de la
impopularidad entre los argentinos, pero cada uno sirve para distintas
cosas como aliado del kirchnerismo. El caso que llegó más lejos (no el
más inexplicable) es el de Moyano, porque provocó otra escalada en la
tensión que ya existía entre el Gobierno y la Corte Suprema. Los
máximos jueces del país se vieron, en los últimos días, como víctimas
de una intensa operación oficial para culparlos de pecados que no
cometieron. El Gobierno necesitaba que alguien se hiciera cargo de las
desventuras suizas de Moyano, aunque el propio Gobierno las dejó
crecer hasta que llegaron a la Justicia.
La política argentina tiene un arte singular para distraerse muy lejos
de las cuestiones centrales. ¿Quién es el culpable de las angustias
que sufre Moyano? ¿Un innominado intendente del conurbano que viajó a
Suiza, como denunció el propio Moyano? ¿La Corte Suprema de Justicia
por haber difundido en su portal de Internet que existía aquí un
exhorto de la justicia suiza con motivo de una investigación al jefe
de la CGT? ¿La ex embajadora suiza Carla del Ponte, porque era crítica
de los niveles de corrupción argentinos y del propio Moyano?
Gobierno y gremialistas sacaron en apenas cinco días los reflectores
del escenario verdadero. Las preguntas que debieron hacerse eran
otras: ¿hay en Suiza dinero de Moyano que no fue declarado en la
Argentina o que se obtuvo de manera ilegal? ¿Merece el exhorto suizo
una investigación propia de la justicia argentina sobre esos supuestos
delitos? ¿Qué relación existe entre el líder gremial y la empresa
Covelia, que giró a Suiza el dinero bajo sospecha? Todo eso
desapareció de la discusión política y de la pesquisa judicial.
La Corte Suprema es culpable de tener un sitio web para difundir la
información de los tribunales, según denunciaron funcionarios del
Gobierno y dirigentes sindicales. La decisión de poner en marcha ese
proyecto fue, al revés, una enorme contribución a la transparencia del
poder constitucional menos democrático por definición. Los jueces no
son elegidos por la sociedad; el secretismo de sus resoluciones lo
haría menos democrático todavía. El sitio web de la Corte recibe unas
100.000 visitas por día. El Gobierno está tentado, en fin, de cerrarle
la boca a otro canal informativo que no está bajo su control.
La certeza de los jueces supremos del país es que el Gobierno dejó
andar el exhorto contra Moyano y luego, cuando se encontró con el
grave desafío del viejo peleador, le endosó a la Corte una culpa que
nunca tuvo. En efecto, la oficina de asuntos legales de la Cancillería
retuvo el exhorto suizo durante diez días antes de girarlo a la Cámara
Federal. ¿Qué hizo la Cancillería durante esos días? ¿Es cierto que
Héctor Timerman nunca fue consultado por sus subordinados? En la Corte
hay una sola convicción: el Gobierno se enteró del exhorto y permitió
que el trámite siguiera su curso. Tal vez imaginó a un Moyano más
débil y más dependiente del cristinismo tras la irrupción de la
noticia. Las cosas no resultaron así. Moyano convocó a una virtual
huelga general y amenazó con llenar la Plaza de Mayo con camiones y
camioneros. El Gobierno terminó asustado.
La inferencia de la Corte no carece de argumentos. La Cancillería es
un organismo burocrático y sus funcionarios de carrera jamás olvidan
que existe una cadena de mandos. Ningún director de departamento
giraría a la Justicia un exhorto que inculpaba a Moyano sin notificar
a sus superiores y éstos al canciller y el canciller a la Presidenta.
Existe la remota posibilidad de que el canciller ignorara todo, pero
en ese caso ya debió temblar la Cancillería con desplazamientos,
cesantías y hasta el relevo del propio Timerman. En la Cancillería no
hubo ningún movimiento interno hasta ahora. Por eso, la suposición de
los jueces es ya una certeza: hubo consentimiento del Gobierno para
arrastrar a Moyano hasta los tribunales, pero la maniobra le salió
mal.
La culpa es, entonces, de la Corte, según el Gobierno. La intensa
acción psicológica de los kirchneristas llevó la inculpación hasta la
ex embajadora Del Ponte. Cualquier otro país estaría orgulloso de
haber tenido como embajadora suiza, hasta febrero último, a Carla del
Ponte, la ex fiscal general que ayudó a los argentinos a descubrir en
Suiza las cuentas de la corrupción política y la de militares acusados
de violar los derechos humanos, como fue el caso de Antonio Domingo
Bussi. Del Ponte persiguió obstinadamente a todos los criminales de la
guerra de los Balcanes y muchos de ellos murieron en la cárcel o están
presos. Es cierto, por lo demás, que fue crítica de la corrupción del
kirchnerismo y de los modos matones de Moyano. Pero no está
obsesionada con Moyano ni con los Kirchner ni con la Argentina.
Mientras esas cosas suceden en la Corte, el juez Norberto Oyarbide, al
que le cayó el exhorto de Moyano, podría estar cometiendo el delito de
violación de los deberes de funcionario público. El abogado Ricardo
Monner Sans pidió que se abra en la justicia argentina una
investigación sobre lavado de dinero y corrupción de funcionarios
públicos sobre la base del exhorto suizo. Oyarbide debió hacer eso
antes de que lo pidiera Monner Sans. Existe un antecedente: Alemania
envió un exhorto parecido en 2006 sobre Armando Gostanian. El juez que
lo recibió atendió el pedido alemán, pero extrajo testimonio de él
porque entendió que podía señalar delitos cometidos en la Argentina.
Se abrió una causa local y luego Gostanian fue procesado por eso. El
juez Ariel Lijo convocó en 24 horas a Monner Sans para que ratificara
su actual denuncia. Lijo estaría interpretando los hechos como
Oyarbide no lo hizo o no lo quiso hacer.
El problema de la política no sólo está en los desbarajustes del
Gobierno, sino también en el desconcierto de algunos de sus
opositores. Mauricio Macri aprovechará la inexplicable vacancia que le
están dejando el radicalismo y el peronismo disidente para lanzar
formalmente su candidatura presidencial en los próximos días de abril.
En la semana que se inicia, el jefe capitalino informará sobre la
fecha de las elecciones en su distrito. El peronismo disidente no
puede salir de una conformación que lo convierte en una confederación
de líderes provinciales sin proyección nacional. Felipe Solá intentó
en la semana que pasó quebrar esa inercia y buscó una solución
política, que es la tarea de los políticos. Duhalde lo despachó con
una negativa al día siguiente.
Dirigentes cercanos al senador Ernesto Sanz están evaluando la
posibilidad de postergar la interna con Ricardo Alfonsín hasta el 14
de agosto. La corriente de Sanz necesita garantizar la afluencia de
fiscales y la concurrencia de independientes, que nunca van a votar si
no tienen la obligación de hacerlo; en agosto la tendrán. Sanz no tomó
ninguna decisión todavía, pero fue terminante con una definición: No
me bajaré de la candidatura .
La eventual decisión podría ser entendible desde el punto de vista de
Sanz y del radicalismo, pero postergaría demasiado las definiciones en
la oposición. El propio sistema de alianzas también se demoraría
interminablemente. ¿Qué haría Elisa Carrió, ante esa indefinición,
luego de haber abierto las puertas a un diálogo posterior a la interna
radical prevista para el 30 de abril? Los radicales son a veces
difíciles de comprender: el alfonsinismo enhebró un acuerdo con el
kirchnerismo para las elecciones de Neuquén y el radicalismo aceptó
como propio al gobernador de Río Negro, Miguel Saiz, un kirchnerista
confeso. Así no se puede , se oyó a Carrió.
Menem, Moyano y Saadi son pésimas compañías para cualquiera, pero el
Gobierno cree que la oposición le deja el margen suficiente como para
pasearse, impune, del brazo de todos ellos.