Cuando el juez Norberto Oyarbide indagó a Guillermo Montenegro, actual ministro de Seguridad capitalino y ex colega suyo en la judicatura, le hizo una última pregunta: "¿Usted sabía de la asociación ilícita que integra, entre otros, Mauricio Macri?" Los sensores de ex juez le dieron la alerta en el acto: "Mauricio ya está procesado", concluyó Montenegro. Macri no había declarado aún ante Oyarbide, pero éste ya había confeccionado una lista con los nombres de los integrantes de esa asociación ilícita. La asociación ilícita es un delito que no puede eludir el procesamiento y, eventualmente, la cárcel.
¿Qué había sucedido en la otra punta del conflicto? Cuando Macri decidió la creación de la Policía Metropolitana, gran parte de su equipo (incluido Montenegro) le propuso que designara como jefe de la nueva fuerza a un oficial de la Policía Federal de no más de 42 años, con una carrera profesional y dominio del inglés. Macri volvió con una decisión personal e inalterable: debía ser el desgastado comisario retirado Jorge "Fino" Palacios, a quien el líder de Pro le debe la liberación de su cautiverio cuando fue víctima de un secuestro extorsivo. Palacios (elogiado por unos y detestado por otros) sembró y regó internas furiosas dentro de la Policía Federal y con la propia ex SIDE.
Oyarbide ha sido vinculado desde tiempos inmemoriales a los intereses de la Policía Federal. El titular fáctico de la policía, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, no sólo responde él mismo a las pasiones policiales, también obedece a su jefe político, Néstor Kirchner, que siempre entrevió en Macri al competidor más peligroso para el futuro del poder nacional. En realidad, desde hace mucho tiempo viene diciendo en la intimidad que Macri es más amenazador que Julio Cobos en las futuras elecciones presidenciales. Las encuestas no lo desdicen.
Macri sufre el mal de los políticos argentinos: casi no le gusta escuchar y se deja llevar por su intuición o por sus gustos. Así las cosas, se encontró en medio de una fenomenal interna nacional y con un jefe policial propio que nombró oyentes de conversaciones telefónicas antes que vigilantes, que la ciudad necesita desesperadamente. Ciro James escuchaba las conversaciones para el gobierno de Macri, para la Policía Federal y para el padre de Macri, en este caso a través de una empresa de espionaje. ¿Qué podía resultar de semejante personaje si no un escándalo?
Es difícil que la opinión pública entienda, fácilmente al menos, que James oía conversaciones en nombre del padre de Macri y en el gobierno de Macri, y que no había relación entre una cosa y la otra. Y, encima, que Mauricio Macri no conocía ni lo uno ni lo otro. Franco Macri, el padre, se hizo cargo públicamente del convenio con la empresa que lo contrató a James. Pero, ¿quién se hace cargo del nombramiento de James en el gobierno de Mauricio Macri?
Macri suele decir, con un dejo de ironía, que es el primer político que ordena escuchas telefónicas al cuñado, a mujeres despechadas y a hombres traidores, pero que nunca se supo que haya intervenido las conversaciones de políticos opositores, de periodistas ni de sindicalistas. Es cierto. Amigos suyos agregan que el país político discute ahora sobre la intervención de los teléfonos de un cuñado de Macri cuando todos saben que el gobierno nacional tiene bajo control los teléfonos de cualquier ciudadano más o menos importante de la Argentina. También es cierto.
Sin embargo, aquella supuesta coincidencia entre las escuchas compulsivas de James y los teléfonos intervenidos del cuñado de Macri es el dato que más compromete al jefe del gobierno. La otra intervención sugestiva es la del dirigente de los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA, Sergio Burnstein, pero éste tenía un viejo pleito con el comisario Palacios y no con Macri.
Ninguna intervención telefónica es legal (salvo que exista una orden judicial fundamentada) ni es tolerable dentro de un sistema de libertades y garantías. Por el contrario, el precedente de Kirchner no exculpa a Macri; los jefes opositores están para ser distintos de los que gobiernan ahora. La plena vigencia de la libertad y la revalorización de las formas democráticas son el principal reclamo social a los opositores del kirchnerismo, que ya se encargó solo de devaluar aquellos valores. El exceso actual no justificaría nunca la inercia, por más módica que sea, de la ilegalidad.
Macri tuvo la suerte, entre tantas desgracias, de encontrarse con un juez como Oyarbide. Cercano a los intereses de los Kirchner, los interlocutores del juez con el gobierno son el presidente del banco Nación, Juan Carlos Fábrega, y Javier Fernández, el operador inagotable del kirchnerismo entre jueces y camaristas. En días recientes, Oyarbide buscó, hasta que encontró, la forma de llegar a uno de los principales dirigentes del peronismo disidente del kirchnerismo; se reunió con ese precandidato presidencial en el departamento de un conocido común. Nadie supo nunca por qué promovió ese encuentro, aunque seguramente está urdiendo sus futuros reaseguros.
Macri insiste en su candidatura presidencial. Se dio hasta el lujo de tomarse un tiempo para decidir si le conviene o no participar en una mesa de presidenciables del peronismo. No sabe si eso le haría bien a su imagen de político renovador.
Desde ayer, el peor problema de Macri no está en la política, sino en la Justicia. Quizá no influya mucho en la opinión pública la decisión de un juez desprestigiado e impopular (que no quiso averiguar, por ejemplo, qué hizo James en sus años en la Policía Federal), pero otra cosa sucedería si la Cámara confirmara su procesamiento. El arrebato de aquella designación de Palacios, y la presencia de un gobierno nacional adversario y dispuesto a jugar siempre a todo o nada, lo ha colocado a Macri muy temprano a un paso de la ruina o de la gloria.